ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — El fiscal general de Minnesota interpuso el martes una demanda contra el gobernador de Texas con el objetivo de forzar la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) que está acusado de herir a un hombre y luego mentir para justificar el tiroteo durante las redadas migratorias en Minneapolis.
El fiscal general Keith Ellison solicitó a un juez federal que prohíba que el jefe policial del condado de Cameron, Texas, libere al agente Christian Castro, y que ordene al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firme su orden de extradición para que agentes de Minnesota puedan asumir su custodia.
Las autoridades de Minnesota han tenido diferencias con el gobierno federal para definir quién tiene jurisdicción para investigar y procesar a agentes federales por incidentes ocurridos en servicio. Ellison es demócrata y Abbott es un aliado republicano del presidente Donald Trump.
Castro fue arrestado en Texas en mayo pasado por cargos en Minnesota de agresión y de denunciar falsamente un delito en el caso del 14 de enero, en el que Julio César Sosa Celis resultó herido. Castro, de 52 años, está acusado de disparar a través de la puerta de una vivienda en Minneapolis, alcanzando a Sosa Celis en la pierna. La fiscalía sostiene que, posteriormente, Castro acusó falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve.
Funcionarios de Minnesota temen que el agente del ICE pueda huir
Ellison declaró en conferencia de prensa que, de no ser extraditado, Castro podría salir de prisión incluso a partir de la próxima semana —90 días después de haber sido detenido— conforme a la ley de Texas. Añadió que, si queda en libertad, Castro podría huir hacia México desde la ciudad fronteriza donde se encuentra recluido. En la demanda se indica que Castro ha tenido llamadas telefónicas desde prisión con una mujer en México, con la que ha hablado de “de casarse con ella y comprar una casa en México cuando sea liberado”.
Si Castro llega a México, “podría ser difícil o imposible localizarlo y hacer que sea arrestado de nuevo”, y el caso se ralentizaría aún más debido al complejo proceso de extradición internacional que por lo general requiere de solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, según un memorando legal presentado por la oficina de Ellison.
Para complicar la situación, los viajeros enfrentan pocos obstáculos para llegar a México desde Estados Unidos. Los cruces fronterizos peatonales por lo general no tienen controles migratorios para las personas que salen de Estados Unidos, con solicitudes ocasionales de pasaporte en el lado mexicano.
“Christian Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota”, afirmó Ellison. “Debe enfrentar a la justicia en Minnesota. El gobernador Abbott debió conceder hace mucho tiempo la solicitud de extradición del gobernador Walz y ahora está obligado a hacerlo”.
La oficina de Ellison dijo posteriormente que Castro podría quedar en libertad incluso a partir del 26 de agosto.
Abbott dijo el martes que por el momento no tiene intención de responder a las solicitudes de extradición de Minnesota. Mencionó las investigaciones en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, las cuales utilizó Trump para justificar su ofensiva migratoria en ese estado.
“No voy a responderles en absoluto hasta que den un paso al frente y hagan lo correcto y reconozcan su responsabilidad en el fraude que tuvo lugar”, subrayó Abbott durante una conferencia de prensa en Austin, Texas.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty dijo que, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado sin incidentes a Minnesota a tres acusados penales en otros casos.
“El gobernador Abbott ha mantenido comunicación continua con nosotros, incluso recientemente”, afirmó Ellison. “Tenemos que asumir que se están negando a respetar la solicitud de extradición”.
En la demanda de extradición que Ellison presentó ante el Tribunal Federal de Distrito en Texas se menciona un fallo de la Corte Suprema federal en 1987, el cual establece que el cumplimiento de la cláusula de extradición de la Constitución es obligatorio y no deja discreción al gobernador del estado donde se encuentra detenido un acusado.
Peter E. Larsen, profesor asistente en la Facultad de Derecho Mitchell Hamline en St. Paul, dijo que el argumento de Ellison se basa en un “principio legal bastante sencillo” que exige que los estados entreguen a criminales, o presuntos criminales, a otros estados cuando se les solicita.
La justificación de Abbott —al vincular la extradición con casos de fraude no relacionados— hace que el argumento de Minnesota sea aún más claro, explicó.
“No creo que los tribunales (ni siquiera la bastante partidista Corte Roberts) consideren esto como una base legítima para incumplir la solicitud de extradición”, subrayó en un correo electrónico.
Hasta el momento se desconoce si Castro tiene un abogado que pueda hablar a su nombre. Los registros judiciales en línea en Minnesota y los registros de la cárcel del condado en Texas no incluían a un abogado defensor. La cárcel donde está recluido se negó a transmitirle un mensaje de The Associated Press.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que la acción legal para forzar la extradición de Castro “debería ser una demanda completamente innecesaria”. Indicó que los funcionarios de la cárcel y los fiscales en Texas han sido “muy cooperativos”, y que una extradición “no se supone que sea controvertida”.
La oficina del jefe de policía del condado de Cameron, Manny Trevino, se negó a comentar el martes sobre el caso.
Una “maniobra política”
Las autoridades dicen que Sosa Celis recibió un disparo después de que Castro y otro agente persiguieron a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa Celis vivían. Este último y Aljorna estaban legalmente en Estados Unidos, según autoridades de Minnesota.
Las autoridades federales acusaron en principio a Sosa Celis y a Aljorna de golpear a un agente. Un juez federal posteriormente desestimó los cargos, y el ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo ocurrido.
Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha calificado el procesamiento de Castro por parte de Moriarty como “ilegal y nada más que una maniobra política”, al afirmar que sólo las autoridades federales tienen jurisdicción en el caso.
El gobierno federal adoptó una postura similar tras la muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti durante los operativos en Minneapolis. Moriarty demandó al gobierno de Trump para obtener acceso a pruebas, las cuales fueron entregadas por los fiscales federales el mes pasado.
